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Cartel de un euro en una sucursal del Banco Popular en los días posteriores a la resolución ordenada por la JUR hace ahora tres años.

El plazo para reclamar por las acciones del Banco Popular se alarga al 28 de agosto

El plazo para reclamar por la compra de acciones del Banco Popular adquiridas antes de la ampliación de capital de 2016, que vencía ayer, se ha prorrogado hasta el 28 de agosto por la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad incluidos en el decreto que declaraba el estado de alarma.

Pese a que ayer se cumplieron tres años de la resolución de la entidad y la amortización a cero del valor de las acciones, en junio de 2017, los que acudieron a la ampliación de capital de 2016, una de las causas que investiga la Audiencia Nacional, podrán reclamar en los tribunales hasta el 28 de agosto.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, pocos meses después de la resolución, cuando se admitieron a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

La ampliación de plazos también afecta a los tenedores de bonos subordinados convertibles, que pueden litigar hasta el 25 de noviembre de este año.

Se trata de una emisión de 700 millones de euros que la entidad colocó en 2009 a un precio que quedó establecido en 3,64 euros por título y que más tarde fueron canjeados por otros de nueva emisión.

Sin embargo, en 2015, apenas meses antes de su vencimiento, se sucedieron las primeras demandas contra el Popular por la comercialización de un “producto financiero de inversión complejo y arriesgado” que algunos clientes calificaron de “tóxico”.

Un año más tarde, en junio de 2016, el Tribunal Supremo dio por probado que la entidad “no informó de los riesgos del producto contratado”, en aquel caso en concreto a la compañía demandante que acudió a la oferta “de buena fe e inducida por la confianza”.

Los que compraron obligaciones subordinadas y acciones de la ampliación de capital de 2016 podrán reclamar hasta el 7 de junio de 2021.